• Diario Digital | Sábado, 16 de Diciembre de 2017
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¿Qué municipios de la provincia cobran más impuestos?

Rincón, Torremolinos, Ronda, Málaga, Benalmádena, Vélez y Antequera son los que más aprietan a sus ciudadanos

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¿Qué municipios de la provincia cobran más impuestos?

Aunque algunos prefieran no hacer números para ahorrarse el mal trago, quien más quien menos se ha parado a calcular cuánto dinero se le va cada año en el pago de impuestos y tasas municipales. Pues bien, en el caso de la provincia de Málaga, cada contribuyente aporta a su respectivo ayuntamiento una media de 814 euros anuales, a los que habría que añadir lo que sale del bolsillo en tributos estatales como el IRPF, el IVA o los que gravan la gasolina, alcohol y el tabaco. Ésa es la cifra que resulta al dividir los 1.340 millones que se embolsaron en 2016 los 103 municipios a través de tributos locales (IBI, circulación, plusvalía, construcciones y actividades económicas) y tasas como las de basura, vado, ocupación de la vía pública o licencias de obras entre los 1,64 millones de habitantes que hay censados.

Ésta es la referencia que se suele utilizar para medir el esfuerzo fiscal de cada ciudadano para financiar los servicios públicos que se prestan, aunque teniendo en cuenta el enorme peso de la población flotante en la provincia (se estima que la real puede rondar los 2 millones durante la mayor parte del año) y de las miles de personas que tienen una segunda residencia sin estar empadronadas en suelo malagueño se antoja complicado hacer una comparativa fiable entre municipios. Para reflejar esta distorsión que esconden las estadísticas basta señalar que mientras en Málaga capital, con una población más estable, la media es de 550 euros anuales por cabeza, en Marbella se eleva hasta los 1.520 y en Benahavís se dispara hasta los 2.919. ¿Significa esto que los 7.300 habitantes de esta pequeña localidad costasoleña son los que mayor presión fiscal soportan? La respuesta es no, ya que la mayor parte de la recaudación (8,6 de 16,7 millones) procede del IBI de mansiones como las de La Zagaleta, que es la urbanización más lujosa de Europa en la que el recibo de la contribución ronda los 9.000 euros. Entonces, ¿cómo se puede saber qué ayuntamientos son los que más aprietan a sus ciudadanos? Para tratar de arrojar algo de luz en este ‘dime dónde vives y te diré cuánto pagas’, este periódico ha consultado los tipos de gravamen que los 103 municipios de la provincia aplican a los cinco impuestos locales (IBI, IVTM, IIVTNU, ICIO e IAE) para cuadrar sus cuentas.

Todos están regulados a nivel estatal a través de la Ley de Haciendas Locales, pero siempre se deja cierto margen a los alcaldes para fijar los tipos impositivos o coeficientes. Y ahí es donde surgen las diferencias. Sin entrar en las posibles bonificaciones que cada ayuntamiento pueda conceder para rebajar las distintas cuotas, los municipios con la presión más baja se encuentran en el Valle del Genal, donde Igualeja, Pujerra y Alpandeire tienen la mayoría de los tributos al mínimo legal.

En el lado contrario, aquellos que apuran prácticamente al límite el tope que les permite la ley para incrementar la recaudación. En este ‘selecto’ club destacan grandes ayuntamientos como los de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Ronda, Málaga, Benalmádena, Vélez y Antequera. Estos son los que en términos generales presentan una tributación más alta en su conjunto, aunque existen excepciones en los que algún impuesto en concreto está entre los más bajos, como ocurre con el IBI en la capital o el impuesto de circulación en Torremolinos.

Centrando la atención en aquellos tributos que más afectan a la población, el análisis arranca por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), por ser el más extendido y el principal sustento de los ayuntamientos para mantener sus servicios y estructuras (la recaudación es de 685 millones anuales). La herramienta que tienen los alcaldes en sus manos para regular sus ingresos es el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se aplica al valor catastral de cada inmueble para calcular la cuota a pagar y que, por ley, debe oscilar entre el 0,4 y el 1,1% (ampliable hasta el 1,3% si se dan una serie de condicionantes como ser capital de provincia, tener servicio de transporte público colectivo o prestar más servicios de aquellos a los que están obligados). Este año, únicamente 14 de los 103 municipios lo tienen al 0,4%, todos ellos pequeños pueblos del interior (Alameda, Algatocín, Ardales, Benahavís, Benalauría, Cartajima, Cómpeta, Istán, Júzcar, Mollina, Monda, Pujerra, Riogordo y Serrato). Entre las grandes ciudades, la capital es la que presenta los índices más bajos desde que en 2013 lo redujo del 0,6954 al 0,4510 para minimizar los efectos del ‘catastrazo’ que supuso el fin de las bonificaciones potestativas que durante cuatro años amortiguaron la subida de los valores catastrales. También destacan Fuengirola, que con un 0,5% ostenta el tipo más bajo de todo el litoral occidental, y Alhaurín de la Torre, con un 0,556%.

A partir de ahí, los índices empiezan a subir, empezando por el 0,64 en Ronda (bajará al 0,6 en 2018) y continuando por el 0,68 en Estepona; el 0,7 en Vélez; o el 0,76 en Marbella hasta lo más alto de un podio que año tras año encabeza Torremolinos, a pesar de haberlo reducido al 0,98% tras décadas manteniéndolo al máximo, en el 1,16 (el 1,1 más el 0,06 por prestar más servicios de los que le competen). Por si fuera poco, este año el recibo ha llegado incluso a duplicarse al anularse, por ser consideradas ilegales, los descuentos de hasta el 50% que se ofrecían en función de los años de empadronamiento. Cara a 2018, la nueva ordenanza fiscal incluye una nueva rebaja hasta el 0,75. También han retocado el gravamen en Rincón de la Victoria, aunque insuficiente para dejar de ser la segunda gran localidad con el índice más alto. Primero fue del 0,9620 al 0,92; y el año que viene se situará en el 0,89.

Si hay grandes diferencias en el recibo del IBI en función de dónde se resida, también las hay a la hora de abonar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que inyecta a las arcas municipales unos 80 millones de euros. En la provincia el recibo llega a costar hasta 71 euros más según localidad en la que esté matriculado el coche. La Ley de Haciendas Locales establece un cuadro de tarifas que, en el caso de los vehículos más comunes como son los utilitarios de gama media (entre 8 y 11,99 caballos fiscales) y media-alta (entre 12 y 15,99), es de 34,08 y 71,94 euros, respectivamente. Sin embargo, las administraciones locales pueden incrementar la cuota hasta multiplicarla por 2.

Mientras pueblos como Montejaque, Riogordo, Colmenar y Macharaviaya tiran a la baja e incluso de bonificaciones para atraer a empresas con grandes flotas como compañías de transporte y ‘rent a car’, el grueso de las grandes localidades (excepto Torremolinos y Estepona que le aplican una ligera subida) exprimen esa libertad que les ofrece la ley para encarecer el recibo hasta situarlo al borde del máximo permitido. A excepción de Cortes de la Frontera, que este año ha alcanzado el techo (68,16 y 143,88) para cumplir las exigencias del Gobierno y acceder a un fondo de liquidez que le permita mantener los servicios y reducir la deuda que arrastra, los ayuntamientos más caros son los de Ronda (59,64 y 139,56 euros), Málaga (65,8 y 138,9), Nerja (60,1 y 134,3), Benalmádena (61,34 y 129,49), Antequera (53,1 y 128,05) y Fuengirola (60,33 y 127,34).

El filón de la plusvalía

El panorama es similar en el caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como la plusvalía y que tienen que abonar quien vende un inmueble o quien lo recibe en donación o herencia. En su conjunto, la recaudación anual es de 185 millones de euros. El único requisito en la regulación estatal es que el tipo de gravamen no supere el 30%, y bien que lo aprovechan los grandes ayuntamientos.

Rincón y Torremolinos vuelven a situarse entre los más gravosos, tanto por el porcentaje que aplican (29,87 y 28%, respectivamente) como porque son los dos únicos sin bonificaciones a familiares directos en casos de herencia. Tampoco se quedan atrás en Málaga (29%), Ronda (29,32%), Antequera (28%), Vélez (entre el 25 y el 28, según cada caso), Benalmádena (27,5) y Mijas (27).

También apuntan hacia arriba la mayoría de ayuntamientos a la hora de gravar cualquier construcción, instalación u obra que se realice en su término municipal. Lo hacen a través del ICIO con una factura total de 20,7 millones anuales. La base imponible de este tributo está constituida por el coste de la actuación, a la que se le aplica un tipo impositivo que no debe superar el 4%. En la provincia, ninguno de los principales consistorios baja del 3%. Marbella y Ronda se ajustan al límite, como también lo hacía Málaga hasta que este año lo redujo al 3,8%, situándose en niveles similares a los de Rincón (3,78) y Benalmádena (3,75).

Por último, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) tiene nula repercusión entre el ciudadano de a pie, ya que va ligado a negocios y únicamente deben abonarlo aquellas empresas y profesionales que facturen más de un millón de euros al año. Aún así, cada ejercicio deja unos 37 millones de euros en la provincia. En este caso no hay tipo impositivo que subir o bajar, pero sí un coeficiente que pondera la situación física del local; de forma que a las calles con menor categoría fiscal se les puede aplicar un mínimo del 0,4 y, a las más altas, hasta un 3,8.

Cada uno puede jugar con esta horquilla, destacando Estepona por ser el único gran municipio que alcanza este techo; y también Torremolinos, no sólo porque el máximo lo tenga en el 3,2 sino especialmente porque el mínimo está en el 3. En definitiva, que cada alcalde ajusta sus ordenanzas fiscales a las necesidades del municipio, aunque no todos piden el mismo esfuerzo a sus vecinos.